EL CAMINO VERDE.
En la Argentina, en 1994 se autorizó el cultivo de la soja transgénica. Diez años después, la superficie sembrada de soja era de 13 millones de hectáreas. En el 2003, cuando Trucco hablaba en IDEA, se produjeron alrededor de 37 millones de toneladas por un valor de casi u$s7.000 millones. De la producción de granos, la soja ocupaba más de la mitad del total, que fue de 70 millones de toneladas. Su precio subía y la hacía cada vez más atractiva, valía por entonces u$s400 la tonelada.
En el período 2006-2007 se sembraron 16 millones de hectáreas y la cosecha fue de 45 millones de toneladas. A fines de ese año, la cotización era 50% mayor que tres años atrás. Valía u$s600 la tonelada.
Antes de dejar el gobierno, Néstor Kirchner subía el porcentaje en las retenciones. En efecto: en el caso de la soja, pasaban al 35 por ciento. Si bien eso le permitía al Gobierno mejorar la recaudación en el 2008, los estudios del Ministerio de Economía indicaban que, aun aplicando esos aumentos, la rentabilidad de la soja –con esos precios internacionales– crecía el 24 por ciento.
En el 2008 se remarcan las grandes protestas y los discursos lacrimosos de los sojeros, diciendo que la rentabilidad se les iba al suelo. Mentira. La superficie sembrada creció (llegó a 17 millones de hectáreas, 4% más que el año anterior) y los silos aún tienen guardadas toneladas de soja a la espera de liquidarlas una vez que la presión sobre el Gobierno les permita tener retenciones más bajas.
Los sectores más concentrados del poder económico suelen tener un camino más expeditivo y silencioso: tratan de corromper a los gobernantes. La década de los ’90 fue una combinación de aplicación de recetas neoliberales y robo liso y llano por parte de quienes tenían el manejo del Estado. El resultado fue la gran desindustrialización, desocupación y redistribución negativa del ingreso.
El contexto ahora es distinto: la crisis financiera que vive el mundo –especialmente el llamado Primer Mundo– no tiene como centro el hecho de que se plancharon los precios de los commodities, sino muy por el contrario, vuelve a estar en el centro de la escena la necesidad de que los Estados –y el sistema financiero mundial– pongan la mira en los que más pierden, ya sea sus casas o empleos, y evite lo que parece el riesgo más grave: una vuelta en la concentración de las riquezas.
Es decir, si la tonelada de soja volvió a sus valores anteriores, de u$s400, quizá haya quienes argumenten que hay elementos “técnicos” para retocar las retenciones. Pero eso sólo esconde el deseo del sector de mantener sus niveles de renta extraordinaria.
LA SEMILLA DE LA DISCORDIA.
La patente de la soja transgénica, con agregados de genes que resisten al herbicida Round-Up, es propiedad del semillero multinacional Monsanto. No se la puede guardar de cosecha a cosecha. Hay que comprar las semillas para cada siembra.
Si Monsanto les sube los precios, como se quejan los productores, no parece que el conjunto de la sociedad argentina tenga que alimentar a una de las multinacionales más poderosas del planeta que, además, impulsa un monocultivo que intoxica pobladores y degrada el ambiente. El reciente alud en Tartagal puso sobre el tapete las autorizaciones de desmontes en Salta, especialmente durante la gobernación de Juan Carlos Romero.
El manejo feudal, para cambiar bosques por soja y sólo en beneficio de unas pocas empresas, no es lo que necesita la Argentina sino más bien todo lo contrario
En la Argentina, en 1994 se autorizó el cultivo de la soja transgénica. Diez años después, la superficie sembrada de soja era de 13 millones de hectáreas. En el 2003, cuando Trucco hablaba en IDEA, se produjeron alrededor de 37 millones de toneladas por un valor de casi u$s7.000 millones. De la producción de granos, la soja ocupaba más de la mitad del total, que fue de 70 millones de toneladas. Su precio subía y la hacía cada vez más atractiva, valía por entonces u$s400 la tonelada.
En el período 2006-2007 se sembraron 16 millones de hectáreas y la cosecha fue de 45 millones de toneladas. A fines de ese año, la cotización era 50% mayor que tres años atrás. Valía u$s600 la tonelada.
Antes de dejar el gobierno, Néstor Kirchner subía el porcentaje en las retenciones. En efecto: en el caso de la soja, pasaban al 35 por ciento. Si bien eso le permitía al Gobierno mejorar la recaudación en el 2008, los estudios del Ministerio de Economía indicaban que, aun aplicando esos aumentos, la rentabilidad de la soja –con esos precios internacionales– crecía el 24 por ciento.
En el 2008 se remarcan las grandes protestas y los discursos lacrimosos de los sojeros, diciendo que la rentabilidad se les iba al suelo. Mentira. La superficie sembrada creció (llegó a 17 millones de hectáreas, 4% más que el año anterior) y los silos aún tienen guardadas toneladas de soja a la espera de liquidarlas una vez que la presión sobre el Gobierno les permita tener retenciones más bajas.
Los sectores más concentrados del poder económico suelen tener un camino más expeditivo y silencioso: tratan de corromper a los gobernantes. La década de los ’90 fue una combinación de aplicación de recetas neoliberales y robo liso y llano por parte de quienes tenían el manejo del Estado. El resultado fue la gran desindustrialización, desocupación y redistribución negativa del ingreso.
El contexto ahora es distinto: la crisis financiera que vive el mundo –especialmente el llamado Primer Mundo– no tiene como centro el hecho de que se plancharon los precios de los commodities, sino muy por el contrario, vuelve a estar en el centro de la escena la necesidad de que los Estados –y el sistema financiero mundial– pongan la mira en los que más pierden, ya sea sus casas o empleos, y evite lo que parece el riesgo más grave: una vuelta en la concentración de las riquezas.
Es decir, si la tonelada de soja volvió a sus valores anteriores, de u$s400, quizá haya quienes argumenten que hay elementos “técnicos” para retocar las retenciones. Pero eso sólo esconde el deseo del sector de mantener sus niveles de renta extraordinaria.
LA SEMILLA DE LA DISCORDIA.
La patente de la soja transgénica, con agregados de genes que resisten al herbicida Round-Up, es propiedad del semillero multinacional Monsanto. No se la puede guardar de cosecha a cosecha. Hay que comprar las semillas para cada siembra.
Si Monsanto les sube los precios, como se quejan los productores, no parece que el conjunto de la sociedad argentina tenga que alimentar a una de las multinacionales más poderosas del planeta que, además, impulsa un monocultivo que intoxica pobladores y degrada el ambiente. El reciente alud en Tartagal puso sobre el tapete las autorizaciones de desmontes en Salta, especialmente durante la gobernación de Juan Carlos Romero.
El manejo feudal, para cambiar bosques por soja y sólo en beneficio de unas pocas empresas, no es lo que necesita la Argentina sino más bien todo lo contrario
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