MENDOZA: ENCLAVE DE PROTECCIÓN DE GENOCIDAS Y CÓMPLICES

En política no existen las casualidades; sí las causalidades. Por eso no es casualidad que la provincia en Mendoza sea el reducto donde la Justicia no avance sobre los genocidas y sus cómplices, donde más dificultad tienen los organismos de DDHH para llevar hasta los estrados una interminable lista de represores y civiles implicados. Ahora, volviendo a las causalidades, nos queda claro por qué esta provincia cuyana es el escollo más duro que encontró el gobierno nacional para aplicar la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que como todos sabemos ya es una norma con vigencia y legitimidad, ya que fue votada por el Congreso Nacional y sancionada por el Poder Ejecutivo.

Nos corremos un poquito del tema central de esta nota para marcar como histórico el aniversario del golpe de Estado. El 24 de marzo pudimos ver en la calle el inmenso rechazo a ese ignominioso período, que nada tuvo de “tragedia” como lo etiquetó en un reportaje televisivo Pino Solanas: un genocidio no es tragedia. Las tragedias son algo que generalmente no pueden evitarse y que encierran mucho de sorpresa, y este fue un plan perpetrado y ejecutado casi sin errores. Digo “casi” porque es imposible acallar a todo un pueblo, que rondió innumerables muestras de memoria, del “Nunca Más”, encarnado sobre todo por las políticas de DDHH encabezadas por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, trazando un eje transversal a todo el gobierno nacional. Con esto queda claro y como cosa extraña, sin olvidarnos que el impulsor fue el ex Presidente Néstor Kirchner, que es el Estado Nacional el que se hace cargo de esta vanguardia, un hito en nuestra democracia posdictatorial.

Lo que también quedó claro fue la falta de compromiso de todo el arco opositor, incluidos los medios que hoy juegan como tales, con la memoria, la verdad y la justicia. Sólo se escucharon mínimas y muy bajitas voces, en lo que debió haber sido un grito unánime y al unísono, como lo dejó bien explicitado nuestra compañera Presidenta en su discurso, desde el Espacio para la Memoria y Centro Cultural para la Memoria “Haroldo Conti”.

Retomando el tema central, en este juego perverso entre medios monopólicos, poca memoria, complicidades y por qué no olvidos, vemos hoy un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza que ratifica el fallo de la jueza Olga Pura de Arrabal (tema tratado al menos dos veces en este blog en relación con las complicidades de esta magistrada), con el apoyo de un camarista, Otilio Roque Romano, personaje siniestro que La Nación intenta proteger esgrimiendo que fue presionado por los Organismos de DDHH. Una falacia más de esta prensa canalla. La realidad demuestra que el mencionado camarista tiene una denuncia ante el Congreso de la Magistratura, presentado por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el cual pidió la destitución, por haber actuado durante la dictadura al tiempo que, afirman, tenía pleno conocimiento de los crímenes y torturas que se cometían en la provincia.

En el texto presentado, de 35 carillas, los abogados que representan al Movimiento sostienen que en aquella época, cuando Romano era juez de Instrucción “tenía perfecto conocimiento de las gravísimas violaciones de los derechos humanos de las personas que eran detenidas y puestas a su disposición. Han omitido todo control sobre las fuerzas represivas, han permitido la privación y detención de personas que fueron torturadas, otras violadas, bajo procesos que repugnan el derecho penal”.

Fernando Rule es uno de los denunciantes, porque fue detenido en 1976 en Mendoza, estuvo desaparecido durante varios años y luego fue blanqueado. Sin embargo, durante el período en que se desconocía su paradero fue torturado y humillado junto a otras personas que habían sido arrestadas por las fuerzas armadas.

Rule Recordó dos situaciones importantes: “Una tarde-noche de febrero del ‘76 fuimos llevados a la Jefatura de Policía, que funcionaba en la calle Patricias Mendocinas. Estábamos descalzos y semi desnudos, además de muy lastimados por las torturas. Se presentó a tomarnos declaración un hombre que dijo ser el juez Federal Carrizo y que el juzgado se había constituido en esa comisaría por razones de seguridad por lo tanto sí tenía conocimiento de lo que sucedió en aquella época”. Estos son los paladines de la defensa de la libertad de expresión.

Me hago eco de las palabras de Cristina: ¿Cómo puede haber democracia y respeto por las leyes con jueces de la dictadura? ¿Cómo puede haber libertad de expresión con estos medios cómplices de los genocidas? Que la Corte Suprema se haga cargo, queremos ya la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicacional Audiovisual, no daremos “ni un paso atrás”, como nos enseñaron las Madres…

Diario Los Andes, mayo de 2001, nota sobre el funcionamiento de Justicia Mendocina: http://www.losandes.com.ar/notas/2001/5/11/politica-12215.asp

Diario MDZ, edición on line del 29 de diciembre de 2009:
http://www.mdzol.com/mdz/nota/180998-Conf%C3%ADan-en-que-el-Consejo-de-la-Magistratura-accione-contra-camaristas-federales-mendocinos/

Denuncia contra el Juez de Cámara OTILIO ROQUE ROMANO en el Consejo de la Magistratura:
http://www.pensamientopenal.com.ar/16032010/actualidad05.pdf

Caniche Julián