jueves, 11 de marzo de 2010

QUIEN ES LA JUEZA DE MENDOZA QUE BORRO DE UN PLUMAZO UNA LEY VOTADA EN EL CONGRESO POR AMPLIA MAYORIA

La Jueza Federal mendocina Olga Pura Arrabal, dio lugar días atrás a una presentación realizada por el Diputado nacional Enrique Thomas, para que no se aplique la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, popularmente conocida como Ley de Medios.
La magistrada ordenó la suspensión de la aplicación de la misma hasta que exista una sentencia firme sobre la denuncia de irregularidades, “sin que ello implique prejuzgamiento”, al tiempo que solicitó informes al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación. Pero según trascendió, la Jueza, antes de desempeñarse en la Justicia, mantuvo vínculos con la empresa mendocina de cable, Supercanal (Grupo Vila-Manzano), la misma a la que favoreció tiempo atrás privando a buena parte de Mendoza de la posibilidad de sintonizar por aire la “televisión pública”.

Olga Arrabal, que hizo lugar al amparo, casualmente vive en el barrio Dalvian SA, que resulta ser un conjunto habitacional perteneciente a uno de los socios de Supercanal, Daniel Vila, quien mantiene también un litigio por las tierras que pertenecen a la Universidad Nacional de Cuyo (UNC), y que tiene un profundo conflicto en aceptar el "dominio público" y el "bienestar general", en tanto y en cuanto considera que puede hacerse de una “diferencia” a costa del erario público. “No es de extrañar que la universidad pública sea otro blanco de la gula privada del grupo. En lo que respecta a Canal 7, es la segunda vez que la dupla Vila-Manzano, estrechamente ligada a la mafia cubano-norteamericana de la familia Mas Canosa y acusada hace algunos años por la SIGEN de lavar dinero en la compra de medios de comunicación, actúa en la provincia de Mendoza contra la difusión de la televisión pública”.

La Jueza Federal mendocina Olga Pura Arrabal, dio lugar días atrás a una presentación realizada por el Diputado nacional Enrique Thomas (justicialista disidente y aliado al Vicepresidente Julio Cesar Cleto Cobos), quien recurrió al patrocinio de su ex enemigo político y ex Juez Federal Luis Leiva, para que no se aplique la Ley de servicios de comunicación audiovisual, popularmente conocida como Ley de Medios.

La denuncia mencionada, cuestiona el tratamiento que el Parlamento le dio a la ley. Thomas afirmó en la presentación que hubo un “cúmulo de irregularidades” en las comisiones que analizaron el proyecto enviado por el Ejecutivo, ya que sus integrantes no pudieron “conocer a ciencia cierta en qué consistía el dictamen de mayoría”.

El Diputado también apuntó, entre otras cosas, a la “irregular constitución del quórum” para tratar el proyecto y la imposibilidad como Diputado para analizarlo correctamente, lo que constituiría en su apreciación, una violación a los derechos como Legislador.

Thomas consideró además que la sesión se hizo fuera del horario convocado y en circunstancias que forzaron la ausencia de “muchos Diputados”. “La convocatoria a una sesión especial, con escasas horas de anticipación, impidió que muchos Diputados, en especial del interior, tuvieran siquiera la posibilidad de asistir”, amerita en tal sentido la Jueza, entre los considerandos del fallo.
En definitiva, Olga Pura Arrabal ordenó la suspensión de la aplicación de la Ley hasta que exista una sentencia firme sobre la denuncia de irregularidades, “sin que ello implique prejuzgamiento”, al tiempo que solicitó informes al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación.

Pero según trascendió, la magistrada, antes de desempeñarse en la Justicia, mantuvo vínculos con la empresa mendocina de cable, Supercanal (Grupo Vila-Manzano), la misma a la que favoreció tiempo atrás, privando a buena parte de Mendoza de la posibilidad de sintonizar por aire la “televisión pública”.

Corría Enero de 2008, y la entonces Directora Ejecutiva de Canal 7 Argentina, Rosario Lufrano, aseguraba: "llama la atención sobre el hecho de que en Mendoza es la única provincia donde un sólo grupo empresario, siempre el mismo, hace planteos para evitar las transmisiones, vulnerando un derecho humano como es el derecho a la comunicación”, y recordó que en 2007, el Canal instaló repetidoras en Mar del Plata, Bariloche, Neuquén, Santa Rosa, Comodoro Rivadavia, San Rafael y Mendoza. "Sólo en las dos últimas ciudades, empresas del grupo Vila-Manzano, hicieron presentaciones judiciales para pedir que el Canal interrumpiera sus transmisiones", señaló

En aquel entonces, respondiendo a una medida dispuesta por la titular del Juzgado Federal, Olga Pura Arrabal de Canals, el Canal 7 debió levantar su programación del aire, "a fin (decía el fallo), de no interferir en la grilla que con igual número ocupan las empresas de televisión por cable de la ciudad de Mendoza".

Curiosamente en esta provincia, al acto por el lanzamiento de la "televisión pública", a través del cual se ponía en marcha la última repetidora, que se realizó 4 Diciembre 2007 en el teatro Independencia, asistió el entonces Gobernador de la provincia y hoy Vicepresidente de la Nación, Julio Cesar Cleto Cobos.

Exactamente el 25 Enero 2008, la transmisión de Canal 7 se suspendió abruptamente en Mendoza a raíz de un recurso de amparo presentado por Estornel. El socio de Vila-Manzano y dueño también de Supercanal SA, adujo que la señal pública y gratuita interfería la de los canales que transmitía el cable. Es necesario tener presente que antes de la llegada de la repetidora del canal público nacional, éste se veía sólo a través de dicho operador de cable, que facturaba, por lo que en otros lugares era gratuito

La Jueza Olga Arrabal, que hizo lugar al amparo, casualmente, vive en el barrio Dalvian SA, que resulta ser, ni más ni menos, que un conjunto habitacional perteneciente al otro socio de Supercanal SA, Daniel Vila, quien mantiene un litigio por las tierras que pertenecen a la Universidad Nacional de Cuyo (UNC), y que tiene un profundo conflicto en aceptar el "dominio público" y el "bienestar general" en tanto y en cuanto considera que puede hacerse de una “diferencia” a costa del erario público.

Como ilustrativo complemento, cabe registrar la denuncia que formuló a fines de Febrero 2008 la Rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Victoria Gómez de Erice, asegurando que el Grupo Dalvian estaba construyendo un acueducto en terrenos que están en disputa con la universidad. Con lo cual desobedecería la medida de no innovar dictada por la Corte Suprema de Justicia. La rectora “recibió a una persona que vive en el barrio Dalvian para avisarle que sobre los terrenos en disputa (32 hectáreas en total), había máquinas retroexcavadoras, camiones y obreros en ejecución. Inmediatamente, desde el rectorado enviaron a una agrimensora y a una escribana para confirmar la versión. Además sacaron fotos para dejar evidencia”.

Según consignó en su momento el diario Crítica, “no es de extrañar que la universidad pública sea otro blanco de la gula privada del grupo. En lo que respecta a LS82 TV Canal 7, es la segunda vez que la dupla Vila-Manzano, estrechamente ligada a la mafia cubano-norteamericana de la familia Mas Canosa y acusada hace algunos años por la SIGEN de lavar dinero en la compra de medios de comunicación, actúa en la provincia de Mendoza contra la difusión de la televisión pública”.

Y continúa: “Pero la historia no empieza ni termina aquí. El Grupo Vila, que desde la llegada de Manzano concretó 46 operaciones de compra o fusión en televisión abierta y por cable, radio y prensa gráfica, ha seguido expandiéndose y diversificándose hasta meterse en estos días en el negocio petrolero”.

Olga Pura Arrabal egresa como Abogada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, el 5 Agosto 1972. Entre Mayo de 1980 y Diciembre 1981 se desempeñó laboralmente en la Dirección General Impositiva. Desde Julio de 1994 hasta Octubre de 1995 trabajó en la Universidad Nacional de Cuyo y en el Poder Judicial, Consejo de la Magistratura. Entre Abril de 2004 y Agosto de 2004, se desempeñó en la Fundación Postgrado de Congreso, hasta que finalmente el 27 Septiembre de 2005, a los 57 años, en un hecho que no tenía precedentes en la Justicia Federal de Mendoza para una mujer, asumió el cargo de Jueza Federal, cubriendo la vacante dejada el 17 Noviembre 2003 en el Juzgado Federal Civil Nº 2, por Gerardo Walter Rodríguez.

Casada con Juan José Canals, y madre de tres hijos, Juan José, Camila y Juan Esteban (quien sería Ahijado de Daniel Vila), Olga Pura Arrabal juró ante el Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Carlos Pereyra González, flanqueado por los demás integrantes del tribunal, Otilio Roque Romano, Antonio Endeiza, Luis Miret, Alfredo López Cuitiño y Julio Petra. La ceremonia de asunción contó con la presencia del Vicegobernador de entonces, Juan Carlos Jaliff, el Ministro de Gobierno, Gabriel Fidel, numerosos jueces, camaristas, familiares y empleados de los tres juzgados federales y cámaras, que colmaron el salón. Fue muy comentada la ausencia del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia Jorge Nanclares, quien a último momento avisó que no podía concurrir al acto.

Hace poco más de un mes, exactamente el 17 Noviembre, el Gobierno mendocino publicó el Decreto 2595, reglamentando un art. de la Ley 5775. Es aquella que regula la instalación y funcionamiento de los casinos en hoteles de lujo en Mendoza. Como consecuencia de esto, el Diputado Provincial, Ricardo Puga (Bloque Unipersonal proyecto independiente Mendoza – PIM) , radicó una denuncia para que se investigue al Gobierno por el contenido del decreto.

En la misma se establece que a pesar de que la Ley estipula que “La superficie cubierta destinada a las salas de juego no debe exceder el 4% de la superficie cubierta total del establecimiento Hotelero”, el decreto incluye una formula para mensurar esa superficie en la que entre otras cosas no se toman en cuenta los pasillos de las salas de juego. Para el Diputado Puga, el decreto está hecho a medida para favorecer al Hotel Sheraton (Enjoy Casinos) y en un futuro al Hotel Diplomatic (propiedad de Presidente Construcciones) y a otro emprendimiento cinco estrellas, que se está construyendo frente al Mendoza Plaza Shoping.

Cabe destacar que el Diputado Ricardo Puga, se desempeña como periodista, y como consecuencia de ello, esta fuertemente ligado al Grupo Vila–Manzano a través de multimedios “Uno”, donde históricamente ha encontrado espacios tanto para sus campañas electorales como para sus programas , entre ellos uno importante audiencia, llamado “Los Vecinos” , el cual se emite desde hace casi dos décadas en LV 6 – Radio Nihuil.

El Grupo Vila–Manzano dio amplio apoyo al Gobernador Celso Jaque durante su elección y logró colocar en la presidencia del Instituto de juegos y casinos a Daniel Pereyra, quien a su vez mantenía una relación de amistad, con el Secretario General de la Gobernación, Alejandro Cazaban. La fractura entre el grupo Vila-Manzano y el Gobierno provincial, ha generado que este último haya comenzado a “marcarle la cancha” a Daniel Pereyra, como consecuencia de diferencias que comienzan a materializarse en algunas actividades que ambos llevaban en forma conjunta.

Asimismo, se pone en evidencia que ha comenzado a gestarse una alianza con el Grupo Enjoy, mientras que Vila–Manzano encontró en el Hotel Hyatt (Moises Liberman), un socio en este reclamo, ya que es el Casino con mayor recaudación pero posee una superficie de aproximadamente el 10% del total del emprendimiento.

Cabe destacar, que la denuncia realizada por los empleados del casino e impulsada por Daniel Pereyra, fue presentada en el Juzgado Federal N° 2 a cargo de la Dra. Olga Pura Arrabal de Canals, criticada históricamente por haber favorecido al Grupo Vila-Manzano.

A buen entendedor, pocas palabras…
Gracias Javier Gonzalez
FM La Boca
Los caniches Pipo, Chino y Tano

3 comentarios:

  1. Che, Caniches: ¿Y la Corte Suprema no tiene nada para decir de esto? ¿Fayt será el dueño de Dollar Rent-a-Juez?

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  2. Y Fayt no sale a boquear ese fosil, de mierda?

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  3. manguera48@yahoo.com.ar12 mar. 2010 11:25:00

    TODO el sistema judicial argentino es un VOMITO, es la mejor garantía que tienen los oligarcas de que nunca nadie los va a joder. Es el mas retorcidamente facho sector de la argentina. Y no hablo de los jueces penales.. Socios de comisarios. Todos los jueces son ahijados de algun poder no democratico. Yo definitivamente NO creo en la justicia. Es de toda verguenza ver los malabares procesales que hacen los jueces argentinos para sobreseer, ameritar falta de prueba etc etc etc en causas de derechos humanos, corrupción, violencia policial etc etc etc. Ya se que hay jueces valientes, pero es lo mismo que Mujica a la iglesia catolica. Flores entre la bosta.Algún día llegará la democracia al poder judicial.

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