Página 12 (24/03/09)
“Una exageración mediática”
La ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay volvió a criticar a quienes instalaron la polémica sobre la pena de muerte. Sostiene que es un tema “absurdo” y que está “inflado” por los medios. Repitió que la pena de muerte es inaplicable.
La ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay ya había advertido que la pena capital está prohibida por los tratados internacionales incorporados a la Constitución nacional. Ayer, la jueza volvió a la carga contra quienes promueven la instalación de la pena de muerte. “Nunca antes hubo estas manifestaciones absurdas, de estar pidiendo la pena de muerte”, dijo y criticó a quienes asistieron al acto del miércoles pasado a Plaza de Mayo: “No hemos visto a estas personas marchando contra el hambre y la pobreza”. A casi un mes de que Susana Giménez, compungida por el asesinato de su decorador Gustavo Lanzavecchia, sentenciara que el “que mata tiene que morir”, Argibay atribuyó la continuidad de esta idea controvertida e ilegal al marco de la inseguridad en que se la enuncia. Aunque esto no fue un atenuante, todo lo contrario. Mientras hablaba del asunto por radio, aseguró que se “está exagerando periodísticamente” la problemática de la inseguridad. “Son ustedes los que están inflando el tema –les dijo a sus entrevistadores–, las buenas noticias no las dan, dan malas noticias...”
La ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay volvió a criticar a quienes instalaron la polémica sobre la pena de muerte. Sostiene que es un tema “absurdo” y que está “inflado” por los medios. Repitió que la pena de muerte es inaplicable.
La ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay ya había advertido que la pena capital está prohibida por los tratados internacionales incorporados a la Constitución nacional. Ayer, la jueza volvió a la carga contra quienes promueven la instalación de la pena de muerte. “Nunca antes hubo estas manifestaciones absurdas, de estar pidiendo la pena de muerte”, dijo y criticó a quienes asistieron al acto del miércoles pasado a Plaza de Mayo: “No hemos visto a estas personas marchando contra el hambre y la pobreza”. A casi un mes de que Susana Giménez, compungida por el asesinato de su decorador Gustavo Lanzavecchia, sentenciara que el “que mata tiene que morir”, Argibay atribuyó la continuidad de esta idea controvertida e ilegal al marco de la inseguridad en que se la enuncia. Aunque esto no fue un atenuante, todo lo contrario. Mientras hablaba del asunto por radio, aseguró que se “está exagerando periodísticamente” la problemática de la inseguridad. “Son ustedes los que están inflando el tema –les dijo a sus entrevistadores–, las buenas noticias no las dan, dan malas noticias...”
Para la jueza, la criminalidad es un problema mundial que ocurre “desde Caín y Abel”; y aunque admitió que “ahora está exacerbada la violencia”, señaló que se debe “buscar en los programas para evitar eso y no pedir cosas absurdas” como la pena máxima. Argibay también refutó la afirmación de la diva del teléfono, repetida por el sacerdote Guillermo Marcó en la reciente marcha por seguridad, de que los delincuentes, en los hechos, ya aplican la pena de muerte contra sus víctimas. “Las penas son castigos que sólo aplica el Estado, y cuando alguien mata a otro, comete un delito”, aclaró.
Como explicó en su momento la magistrada, la pena capital no es una pena previsible ni posible en Argentina, ya que el Pacto de San José de Costa Rica, incorporado en la Constitución, prohíbe incluirla en países donde no existía previamente. Por eso, ayer insistió en criticar la marcha del miércoles pasado, que según versiones habría sido financiada por el diputado Francisco de Narváez. “La pena de muerte no se puede aplicar aquí –recordó–, entonces no podemos estar pidiéndola; nunca hubo estas manifestaciones absurdas, de estar pidiendo la pena de muerte. Así no vamos a ningún lado, porque ponemos el carro por delante del caballo.”
En cuanto a las formas de solucionar el tema de la inseguridad, Argibay apuntó a la necesidad de inclusión social para los sectores marginales. “Primero tenemos que empezar a ver la cantidad de muertes evitables por falta de atención médica, de programas de salud, por falta de atención a la niñez”, enumeró. “Recién ahí podemos empezar a hablar de lo que estamos haciendo para remediar la inseguridad”, indicó esta abogada, que ha sido jueza de la Cámara del Crimen porteña, del Tribunal Criminal Internacional para crímenes de guerra en la ex Yugoslavia, con sede en La Haya, y fue presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas.
Es sabido que Argibay no oculta sus opiniones. De hecho, hace poco se trenzó en una discusión con Cristina Fernández, quien se quejó de la demora de los juicios por violaciones a los derechos humanos. La magistrada le dijo que falta nombrar más jueces y más presupuesto: “Y usted lo sabe perfectamente bien”. Poco después, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, anunciaría más presupuesto y 750 nuevos puestos laborales en el Poder Judicial. Ese día, a principio de mes, mientras asistía al acto de la apertura del año judicial en la ciudad de Mendoza, la jueza aprovechó para descalificar los pedidos de pena de muerte. “Son espasmos de una sociedad que está alterada”, dijo.
Como explicó en su momento la magistrada, la pena capital no es una pena previsible ni posible en Argentina, ya que el Pacto de San José de Costa Rica, incorporado en la Constitución, prohíbe incluirla en países donde no existía previamente. Por eso, ayer insistió en criticar la marcha del miércoles pasado, que según versiones habría sido financiada por el diputado Francisco de Narváez. “La pena de muerte no se puede aplicar aquí –recordó–, entonces no podemos estar pidiéndola; nunca hubo estas manifestaciones absurdas, de estar pidiendo la pena de muerte. Así no vamos a ningún lado, porque ponemos el carro por delante del caballo.”
En cuanto a las formas de solucionar el tema de la inseguridad, Argibay apuntó a la necesidad de inclusión social para los sectores marginales. “Primero tenemos que empezar a ver la cantidad de muertes evitables por falta de atención médica, de programas de salud, por falta de atención a la niñez”, enumeró. “Recién ahí podemos empezar a hablar de lo que estamos haciendo para remediar la inseguridad”, indicó esta abogada, que ha sido jueza de la Cámara del Crimen porteña, del Tribunal Criminal Internacional para crímenes de guerra en la ex Yugoslavia, con sede en La Haya, y fue presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas.
Es sabido que Argibay no oculta sus opiniones. De hecho, hace poco se trenzó en una discusión con Cristina Fernández, quien se quejó de la demora de los juicios por violaciones a los derechos humanos. La magistrada le dijo que falta nombrar más jueces y más presupuesto: “Y usted lo sabe perfectamente bien”. Poco después, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, anunciaría más presupuesto y 750 nuevos puestos laborales en el Poder Judicial. Ese día, a principio de mes, mientras asistía al acto de la apertura del año judicial en la ciudad de Mendoza, la jueza aprovechó para descalificar los pedidos de pena de muerte. “Son espasmos de una sociedad que está alterada”, dijo.
La cruzada que empezó con Susana Giménez fue apoyada por otros famosos como Sandro, Cacho Castaña, el Facha Martel, Mike Amigorena, Marcelo Tinelli y otros. Ayer, Argibay recordó que “hubo personajes famosos que cometieron homicidios y nadie pidió la pena de muerte para ellos”. La diva Giménez se retractó de su frase a los pocos días porque estaba “re caliente” cuando la dijo, aunque insistió en pedir más mano dura. Argibay cuestionó el exabrupto: “A veces, actuamos por impulso y por histeria, y nosotros (la Justicia) no podemos darle voz a la histeria”.
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